[:en]Diariamente vemos como la actividad comercial se dinamiza en variados sectores de la economía. Son conocidos los índices de crecimiento de nuestro PIB y las comparativas de crecimiento de la economía nacional con las de la región en evidente ventaja. Sin embargo, lo cierto es que la actividad empresarial en la República Dominicana puede conllevar retos importantes, que imperceptiblemente complican y encarece una actividad económica formal.
Desde 2008 contamos con un marco legal robusto, con los tipos societarios de mayor vanguardia en materia corporativa, y de acuerdo con los cuales un negocio puede realizarse a través de una compañía local o internacional, o bien a través de negocios de único dueño no formalizados. De manera general hay diferencias importantes entre una empresa organizada y la actividad comercial conducida por una persona física.
Dentro de los retos que enfrentan las empresas legalmente constituidas en su actividad empresarial en el territorio dominicano se destacan: la burocracia, la falta de respuesta oportuna de la administración del Estado, la carga fiscal y laboral, la gran cantidad de normas dispersas por cumplir, la inseguridad jurídica y la dilación en el sistema de justica, por sólo mencionar algunas, todo lo cual dificulta el pleno ejercicio del derecho a la libertad de empresa, reconocido como derecho fundamental por la Constitución de la República.
El aspecto fiscal, que afecta todo ejercicio económico legal en el territorio dominicano constituye uno de los principales retos para las empresas sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, toda vez que nuestro sistema tributario se caracteriza por la alta presión tributaria y el excesivo formalismo. Para simple ilustración tenemos que una empresa no importa su tamaño, tiene exactamente las mismas cargas fiscales y requerimientos de reportes y demás presentaciones al fisco, entre las primordiales están: el uso y reporte mensual de comprobantes fiscales, las presentaciones mensuales de ingresos y gastos, retenciones sobre servicios y sobre salarios, el pago mensual de impuestos a la transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) (pagadero aún no haya sido recibido el pago de la factura que lo genera), además de la presentación anual relativa a impuestos sobre la renta, impuestos sobre activos, y el cuestionado pago del anticipo. Así las cosas, es común encontrar empresas sancionadas por la administración tributaria ya sea por error o inconsistencia en sus presentaciones o sancionadas con cargos por mora y recargo por el retraso en sus presentaciones, y que ha tenido como consecuencia una economía informal que toma cada vez mayor espacio, motivada en esquivar la pesada carga que impone nuestro fisco.
Todo lo anterior refleja la necesidad de que la admiración del Estado se mueva a un régimen más simple de presentación tributaria, que incentive la formalización, favorezca la competitividad y despenalice a los actores del sistema, ahora bien mientras esto sucede, lo más recomendable es que las empresas mantenga una meticulosa organización en sus registros y presentaciones, evitando así la imposición de sanciones.
Por otra parte muchas empresas se ven involucradas en procesos administrativos y judiciales por alegados incumplimientos de la norma de trabajo, ya sea frente a la administración de trabajo o de la seguridad social, o frente a los trabajadores, en ese sentido la mejor forma de evitar conflictos laborales es la organización, pues la mayoría de las empresas se ven envueltas en este tipo de conflictos no por haber violentado intencionalmente la ley sino por desconocimiento de las obligaciones puestas a su cargo, lo que para colmo es aprovechado muchas veces por profesionales de cuestionable ética para la obtención de fáciles beneficios, esto suele suceder con frecuencia en algunos sectores como la construcción y el hotelero, donde es contratada mano de obra extranjera lo que muchas veces dificulta el cumplimiento de las leyes migratorias y de seguridad social, en ese sentido parte de una correcta organización para el manejo de trabajadores en RD es la debida inscripción y pago en la Tesorería de la Seguridad Social y en los registros correspondientes del Ministerio de Trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la elaboración de reglamentos internos de la empresa donde se establezca claramente las normas de ética y conducta, los horarios y jornada de trabajo, los beneficios de los trabajadores, y las consecuencias de las faltas cometidas; todas estas acciones sencillas con las que se pueden mitigar los conflicto con la administración de trabajo, así como el fracaso en conflictos judiciales con los trabajadores.
Resultan frustrantes para muchas empresas los procesos judiciales, los cuales le afectan moral y económicamente, ya que suelen estar caracterizados por el excesivo formalismo procesal, su extenso tiempo de duración y la imprevisibilidad del resultado, constituyendo casi una denegación de la garantía constitucional de una justicia accesible y oportuna. En tal sentido es recomendable una correcta y oportuna asesoría legal a los fines de prevenir e incluir las garantías pertinentes, las condiciones de cumplimiento, las penalidades justas, así como métodos alternativos de solución de conflictos que den al traste con una salida más pronta y costo-eficiente.
Otro reto importante para las empresas, es el conocimiento de la norma que regula su principal actividad comercial, de manera especial para aquellas que se dedican a la prestación de servicios que por su naturaleza son públicos o que pertenezcan a sectores regulados, tales como financiero, transporte, turístico, zona franca, salud, entre otros, esto así pues el debido conocimiento de la norma es lo que les permitirá acogerse a los beneficios establecidos a su favor, entre ellos, incentivos fiscales, salario sectorizado, régimen de admisión temporal; además de que le permitirá exigir de la autoridad reguladora las medidas que sean necesaria para una sana competencia, y una repuesta oportuna a sus requerimientos, más aún el debido conocimiento y cumplimiento de la norma evita la imposición de sanciones a la empresa las que pueden conllevar desde multas hasta la revocación de permisos y concesiones.
Recoger los retos de nuestras empresas en un artículo es realmente ambicioso, por ello éstos son sólo alguno de los múltiples retos que cada día enfrentas las empresas y aquellos que las dirigen, los cuales pueden ser superados con un Estado organizado y dispuesto a responder a sus administrados, y por supuesto la previa y adecuada asesoría legal, en el entendido de que las dificultades legales estarán presentes a los largo de la vida comercial de una empresa y que no deben constituir causa de abandono de la actividad comercial. [:es]Diariamente vemos como la actividad comercial se dinamiza en variados sectores de la economía. Son conocidos los índices de crecimiento de nuestro PIB y las comparativas de crecimiento de la economía nacional con las de la región en evidente ventaja. Sin embargo, lo cierto es que la actividad empresarial en la República Dominicana puede conllevar retos importantes, que imperceptiblemente complican y encarece una actividad económica formal.
Desde 2008 contamos con un marco legal robusto, con los tipos societarios de mayor vanguardia en materia corporativa, y de acuerdo con los cuales un negocio puede realizarse a través de una compañía local o internacional, o bien a través de negocios de único dueño no formalizados. De manera general hay diferencias importantes entre una empresa organizada y la actividad comercial conducida por una persona física.
Dentro de los retos que enfrentan las empresas legalmente constituidas en su actividad empresarial en el territorio dominicano se destacan: la burocracia, la falta de respuesta oportuna de la administración del Estado, la carga fiscal y laboral, la gran cantidad de normas dispersas por cumplir, la inseguridad jurídica y la dilación en el sistema de justicia, por sólo mencionar algunas, todo lo cual dificulta el pleno ejercicio del derecho a la libertad de empresa, reconocido como derecho fundamental por la Constitución de la República.
El aspecto fiscal, que afecta todo ejercicio económico legal en el territorio dominicano constituye uno de los principales retos para las empresas sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, toda vez que nuestro sistema tributario se caracteriza por la alta presión tributaria y el excesivo formalismo. Para simple ilustración tenemos que una empresa no importa su tamaño, tiene exactamente las mismas cargas fiscales y requerimientos de reportes y demás presentaciones al fisco, entre las primordiales están: el uso y reporte mensual de comprobantes fiscales, las presentaciones mensuales de ingresos y gastos, retenciones sobre servicios y sobre salarios, el pago mensual de impuestos a la transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) (pagadero aún no haya sido recibido el pago de la factura que lo genera), además de la presentación anual relativa a impuestos sobre la renta, impuestos sobre activos, y el cuestionado pago del anticipo. Así las cosas, es común encontrar empresas sancionadas por la administración tributaria ya sea por error o inconsistencia en sus presentaciones o sancionadas con cargos por mora y recargo por el retraso en sus presentaciones, y que ha tenido como consecuencia una economía informal que toma cada vez mayor espacio, motivada en esquivar la pesada carga que impone nuestro fisco.
Todo lo anterior refleja la necesidad de que la admiración del Estado se mueva a un régimen más simple de presentación tributaria, que incentive la formalización, favorezca la competitividad y despenalice a los actores del sistema, ahora bien mientras esto sucede, lo más recomendable es que las empresas mantenga una meticulosa organización en sus registros y presentaciones, evitando así la imposición de sanciones.
Por otra parte muchas empresas se ven involucradas en procesos administrativos y judiciales por alegados incumplimientos de la norma de trabajo, ya sea frente a la administración de trabajo o de la seguridad social, o frente a los trabajadores, en ese sentido la mejor forma de evitar conflictos laborales es la organización, pues la mayoría de las empresas se ven envueltas en este tipo de conflictos no por haber violentado intencionalmente la ley sino por desconocimiento de las obligaciones puestas a su cargo, lo que para colmo es aprovechado muchas veces por profesionales de cuestionable ética para la obtención de fáciles beneficios, esto suele suceder con frecuencia en algunos sectores como la construcción y el hotelero, donde es contratada mano de obra extranjera lo que muchas veces dificulta el cumplimiento de las leyes migratorias y de seguridad social, en ese sentido parte de una correcta organización para el manejo de trabajadores en RD es la debida inscripción y pago en la Tesorería de la Seguridad Social y en los registros correspondientes del Ministerio de Trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la elaboración de reglamentos internos de la empresa donde se establezca claramente las normas de ética y conducta, los horarios y jornada de trabajo, los beneficios de los trabajadores, y las consecuencias de las faltas cometidas; todas estas acciones sencillas con las que se pueden mitigar los conflicto con la administración de trabajo, así como el fracaso en conflictos judiciales con los trabajadores.
Resultan frustrantes para muchas empresas los procesos judiciales, los cuales le afectan moral y económicamente, ya que suelen estar caracterizados por el excesivo formalismo procesal, su extenso tiempo de duración y la imprevisibilidad del resultado, constituyendo casi una denegación de la garantía constitucional de una justicia accesible y oportuna. En tal sentido es recomendable una correcta y oportuna asesoría legal a los fines de prevenir e incluir las garantías pertinentes, las condiciones de cumplimiento, las penalidades justas, así como métodos alternativos de solución de conflictos que den al traste con una salida más pronta y costo-eficiente.
Otro reto importante para las empresas, es el conocimiento de la norma que regula su principal actividad comercial, de manera especial para aquellas que se dedican a la prestación de servicios que por su naturaleza son públicos o que pertenezcan a sectores regulados, tales como financiero, transporte, turístico, zona franca, salud, entre otros, esto así pues el debido conocimiento de la norma es lo que les permitirá acogerse a los beneficios establecidos a su favor, entre ellos, incentivos fiscales, salario sectorizado, régimen de admisión temporal; además de que le permitirá exigir de la autoridad reguladora las medidas que sean necesaria para una sana competencia, y una repuesta oportuna a sus requerimientos, más aún el debido conocimiento y cumplimiento de la norma evita la imposición de sanciones a la empresa las que pueden conllevar desde multas hasta la revocación de permisos y concesiones.
Recoger los retos de nuestras empresas en un artículo es realmente ambicioso, por ello éstos son sólo alguno de los múltiples retos que cada día enfrenta las empresas y aquellos que las dirigen, los cuales pueden ser superados con un Estado organizado y dispuesto a responder a sus administrados, y por supuesto la previa y adecuada asesoría legal, en el entendido de que las dificultades legales estarán presentes a los largo de la vida comercial de una empresa y que no deben constituir causa de abandono de la actividad comercial. [:]